Cuatro lecciones de los que hicieron posible la reforma de la asistencia social

El pasado lunes se cumplieron dos décadas desde que un presidente firmara la más importante legislación de tipo social, que ha demostrado a lo largo del tiempo su éxito y su popularidad: la ley de reforma de la asistencia social de 1996. La legislación redujo los índices de pobreza (especialmente en el caso de los niños) de manera espectacular, consiguió que millones de americanos pobres encontrasen trabajo y puede que incluso desempeñara un importante papel en la reducción de los embarazos entre adolescentes.

Para conmemorar la ocasión, el Instituto Empresarial Americano (AEI), el Instituto de Política Progresista, la escuela de política pública de la Universidad de Maryland y el Grupo de Innovación de Secretarios reunieron a algunos de los actores clave que hicieron posible aquel extraordinario logro (y al menos a uno que trató de acabar con él).

¿Qué tenían que decir importantes miembros republicanos del Congreso, dos exgobernadores implicados con la asistencia social, empleados de la administración Clinton y administradores de la asistencia social estatal de gran experiencia acerca de cómo se consiguió aprobar la reforma de la asistencia social, cómo se desarrolló su implementación y cuál debería ser ahora la dirección a tomar?

Empecemos con esos dos gobernadores de mentalidad reformista: Tommy Thompson (R-WI) y John Engler (R-MI). Si nunca ha visto a dos padres de mediana edad del medio oeste rememorar los buenos tiempos pasados en los que se competía por ver quién podía arreglar de un mejor modo el sistema de asistencia social de su estado como si estuvieran charlando sobre un partido legendario entre los Packers y los Lions, bueno, pues se ha perdido algo increíble.

Una razón por la que estos dos hombres llegaron a preocuparse tanto por un tema que a menudo no recibe demasiada atención por parte de los republicanos es que tenían el mandato político de llevar a cabo esa reforma en sus estados. Lo cual es la primera lección sobre cómo realizar una gran reforma de la asistencia social:

1. Requiere momento político

Engler y Thompson tenían algo más que simple pasión por ayudar a las personas pobres; también estaban a cargo de dos estados con sistemas de asistencia social que destacaban por ser excesivamente generosos a la vez que disfuncionales. Thompson contó que cuando era gobernador parecía como si los americanos pobres de todo el país estuvieran yendo a Wisconsin para asentarse o simplemente para cobrar los cheques de asistencia social de manera fraudulenta. Baste decir que, al parecer, los taxistas esperaban en la estación de autobuses de Madison para llevar a gente de Chicago directamente a la oficina de asistencia social.

Republican presidential hopeful Sen. Bob Dole, of Kansas, stands before a crowd with Gov. Tommy Thompson before an address to a group of local and business leaders on welfare reform, in Fond-du-Lac, Wis., Tuesday, May 21, 1996. (AP Photo/Doug Mills)

El gobernador de Wisconsin, Tommy Thompson, izq., fotografiándose con el senador Bob Dole (R-KS), cambiaron el sistema de asistencia social en su estado y ello sirvió como ejemplo para el gobierno federal. | Foto: AP

Ese fenómeno en particular nunca llegó a confirmarse como un problema a gran escala, pero el hecho de que incluso hubiera un debate al respecto indica que había un verdadero problema político: los votantes estaban profundamente descontentos con un sistema que permitía que las personas permaneciesen en la asistencia social indefinidamente y recibiendo pagos en efectivo sin trabajar.

Desde esa época, al ser la asistencia social con dinero en efectivo cada vez más raro en Estados Unidos, la cuestión ya no tiene la relevancia política de entonces, a pesar de que los índices de pobreza han vuelto a los niveles anteriores a la reforma y la participación en el programa de cupones para alimentos se haya disparado en los últimos ocho años.

Los republicanos andan revisando los programas antipobreza puesto que ven que los demócratas están desatendiendo esta cuestión u ofreciendo las mismas ideas obsoletas (y ven en ello una oportunidad de renovación e impulso). Pero no es eso lo que ayudó a que se promulgaran los importantes cambios de los años 90; se trataba de una prioridad pública crucial. Los políticos que actualmente traten de hacer progresos no deberán perder ni un segundo en dedicarse a defender su punto de vista favorable a una nueva serie de reformas, ni en llevar a cabo un último gran impulso relativo a señalar no sólo que el sistema podría servir mejor a las personas, sino que está plagado de abusos y despilfarros.

2. Tanto el gobierno federal como los estados deben hacer su parte del trabajo

Una de las cuestiones sobre las que no se suelen poner de acuerdo los reformistas moderados y republicanos de la asistencia social es en qué medida el gobierno federal se debería imponer a los estados y en qué medida se debería dejar que los estados decidieran por sí mismos. Por ejemplo, las pequeñas modificaciones de la asistencia social llevadas a cabo con Reagan y George Bush permitieron que los estados pudiesen instaurar los requisitos laborales si así lo estimaban oportuno; luego la ley de 1996 impuso requisitos más estrictos y límites de tiempo para recibir asistencia social en efectivo del gobierno federal.

Robert Rector, de la Fundación Heritage, uno de los arquitectos y panelistas de la ley de 1996, mantiene una línea especialmente dura al respecto: los estados rara vez toman la iniciativa con buenas ideas de carácter conservador y despilfarran enormes cantidades de dinero federal. Desde luego tiene toda la razón. Es más, ha tenido enfrentamientos tanto con el vocero Paul Ryan (R-WI) como con el senador Marco Rubio (R-FL) por sus propuestas de dar más poder a los estados.

Al mismo tiempo, sin embargo, los conservadores saben que la flexibilidad estatal es importante. “La microgestión conservadora no es nada mejor que la microgestión progresista”, argumentó Engler, y los estados deben ser capaces de experimentar y elaborar soluciones locales.

¿Cómo alcanzar la cuadratura del círculo? Un punto de consenso es que se necesita tener más información acerca de lo que funciona antes de imponerlo desde el gobierno federal. Si el gobierno federal, por ejemplo, va a empezar a exigir tener un trabajo para conceder cupones para alimentos, como les gustaría a muchos reformadores de la asistencia social, deberíamos asegurarnos de que esa idea se ha puesto a prueba y de que se ha verificado que funciona.

Así es exactamente cómo se produjo la reforma de hace 20 años: las dispensas federales de la administración Reagan ayudaron a poner los cimientos en Míchigan y Wisconsin que demostraron que la exigencia de tener un trabajo podría resultar muy eficaz; luego, la ley de la era Clinton impuso esos requisitos a nivel federal. La lucha por las prerrogativas estatales y federales nunca desaparecerá, pero éste es un esquema que debería funcionar en el futuro.

“La microgestión conservadora no es nada mejor que la microgestión progresista”

3. Debemos mejorar para que la gente encuentre trabajo

Uno de los éxitos más significativos de la ley de reforma de 1996 fue que muchos padres que previamente habían sido dependientes de la asistencia social encontraron trabajo enseguida, lo que los capacitó para poder mantenerse a sí mismos en lugar de tener que depender absolutamente del gobierno. Ese tipo de autosuficiencia, incluso si supone tener que recurrir a otros programas públicos, es una auténtica victoria contra la pobreza.

Sin embargo, no funcionó para todo el mundo: muchos de los antiguos beneficiarios de la asistencia social no encontraron trabajo y se quedaron por el camino. Ciertamente hay americanos pobres (aquéllos que reciben asistencia social en efectivo y aquéllos que no) que podrían trabajar, pero que no están para nada cerca de encontrar un empleo. No resulta fácil encontrar trabajo para personas con un historial laboral irregular, habilidades limitadas y quizás antecedentes penales.

Los programas públicos pueden y deberían ayudar a resolver ese problema. Pero en líneas generales no la han hecho. Varios de los panelistas implicados en la aprobación de la reforma de la asistencia social se lamentaron de que los estados nunca creaban programas destinados a ayudar a encontrar trabajo a los beneficiarios de la asistencia social (a través del asesoramiento, la creación de currículos, las ofertas de trabajo subvencionado, etc).

Lo más problemático es que los estados utilizan el dinero que antes de 1996 iba a parar a la asistencia social en efectivo a una serie de prioridades aleatorias, como la atención infantil y las ayudas para matrículas.

Hacer que los miembros más vulnerables de la sociedad participen del trabajo a jornada completa tiene enormes beneficios secundarios y merece atención especial. Como explicó Eloise Anderson, secretaria de asistencia social de Wisconsin, ayudar a un hombre a encontrar trabajo hace que, por ejemplo, tenga más posibilidades de casarse. Muchos hombres desempleados no tienen acceso a programas de asistencia social disponibles únicamente para madres con hijos, pero los gobiernos federal y estatales pueden añadir programas laborales a los programas de ayuda infantil y reinserción, con el fin de generar los mismos beneficios.

Hacer que los miembros más vulnerables de la sociedad participen del trabajo a jornada completa tiene enormes beneficios secundarios y merece atención especial

Los estados y el gobierno federal deberían exigir a las personas que consigan un trabajo, siempre que eso tenga sentido, pero también deberían ayudar a hacer que eso suceda. Los costos pueden ser significativos, pero los beneficios deberían ser duraderos y, potencialmente, enormes. Que es por lo que…

4. No deberíamos obsesionarnos demasiado con los costos

¿Sabía que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) casi acaba con la reforma de la asistencia social?

Como señaló Rector, los modelos de la CBO, aunque son los mejores que existen, a menudo no observan cosas que podemos estar bastante seguros de que van a ocurrir; por ejemplo, que el número de inscritos en la asistencia social en efectivo caería de manera significativa una vez que se aprobase la ley. Por eso la legislación de 1996 también incluía recortes políticamente controvertidos en otros programas, lo que puso a prueba el respaldo de los demócratas y casi da al traste con todo el proyecto de ley. Se trata de un tema histórico controvertido, pero no cabe duda de que esos recortes se incluyeron en el proyecto de ley en parte para hacer que pareciera fiscalmente responsable, cuando las reformas de la propia asistencia social en efectivo ya lo eran, si bien no desde el punto de vista de los modelos de la CBO.

Pero dicha lógica se puede pervertir: a los demócratas a menudo les gusta argumentar que el gasto en asistencia social (Obamacare, cupones para alimentos o cualquier otro) es parcialmente rentable, ya que proporciona estímulo económico, ayuda a mejorar los futuros resultados académicos de los niños, etc. Pero esas afirmaciones no se corresponden con lo que comenta Talent: su argumento es que si se puede demostrar que un programa tiene enormes beneficios para la sociedad, el mero hecho de que algunos modelos digan que aumenta el déficit federal no debería poner punto y final a la cuestión.

Por tanto, para aplicar el punto de vista de Talent a la reforma de la asistencia social, los conservadores quizás tendrían que preocuparse un poco menos de si la reforma de la asistencia social disminuirá, según los escrupulosos estándares públicos, lo que el gobierno federal gasta cada año en asistencia social, que se cuenta por cientos de miles de millones de dólares.

Más bien deberían centrar su atención en si la reforma incrementa de forma sostenible el bienestar social mediante el fomento del trabajo, el matrimonio, la formación de familias y la autosuficiencia.

Si tenemos éxito en esto —y lo tuvimos con la ley de 1996— las cifras se encargarán de sí mismas. 

Patrick Brennan es colaborador de Opportunity Lives. Puede seguirlo en Twitter: @ptbrennan11.

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